Escribe Prensa UIT-CI

18/5/2026. Reproducimos la declaración del Partido de los Trabajadores de Bolivia y desde la UIT-CI rechazamos la represión del gobierno de Rodrigo Paz y llamamos a la más amplia solidaridad con el pueblo trabajador de Bolivia por sus demandas

En menos de 200 días de gobierno, Paz y su amplia coalición derechista, agotaron la paciencia del pueblo boliviano, que, en las fábricas, campos, mercados, plazas, transporte público, oficinas, universidades, colegios, etc., dice: ¡Basta!, ¡Fuera Paz!

La política antipopular del gobierno derechista, no solo no resolvió los problemas del país, sino que día a día los viene empeorando, como es evidente en el caso de la gasolina, donde además del gasolinazo, el gobierno de los empresarios entrega gasolina basura a la población.

Ley 1720

Y con la ley 1720, que ahora se vio obligado a abrogar por las poderosas movilizaciones campesinas indígenas apoyadas por la COB y otras organizaciones, pero intenta imponer otra igual, quiere despojar de las tierras a campesinos e indígenas en todo el país.

Los oligarcas del agronegocio en oriente del país, son en gran parte extranjeros o hijos de extranjeros que se adueñaron de las tierras, que hoy ni pagan impuestos y algunos de ellos tienen decenas de miles de hectáreas. Se llevan la producción, con trabajadores campesinos sometidos, se llevan los dólares que ganan y fueron los que organizaron el incendio de 10.000 hectáreas de bosques, el 10% del país. Crearon así un desastre climático con disminución de lluvias en todo el país.

Gobierno carente de legitimidad

Paz ganó las elecciones prometiendo no aplicar el programa de ajuste brutal de Tuto Quiroga y los demás derechistas, pero una vez en el gobierno pasó a aplicar a rajatabla la política de Tuto y compañía. Es uno de los peores gobiernos de la historia del país, que cada día nos sorprende con un nuevo atentado contra los intereses de los trabajadores y del país en conjunto, como el reciente convenio con EEUU para entregarle las “tierras raras” bolivianas.

Es por esto que no podemos aguantar más a este gobierno y es necesario echarlo, ¡Abajo el gobierno de Paz y su coalición derechista!

El parlamento, la justicia y el tribunal electoral sumidos en la politiquería, el descrédito y la corrupción. La coalición derechista de gobierno que actúa como una banda de levantamanos en el parlamento para aprobar las leyes que le dictan la oligarquía terrateniente y las transnacionales, vulnerando incluso la Constitución, hecho por el cual debieran ser procesados por incumplimiento de deberes. Esto hace que el parlamento no cumpla ninguna función social, pues es la población con sus propias organizaciones quienes están fiscalizando e impidiendo los abusos del gobierno.

El poder judicial que viene en la mira desde los anteriores gobiernos, en el último año demostró su carácter totalmente sumiso y funcional al gobierno de turno.

El llamado “poder electoral” es más de la misma politiquería y corrupción. Se evidenció de la forma más flagrante en las elecciones subnacionales, donde inhabilitaron el mismo día de las elecciones a un candidato con posibilidades de ganar en El Alto; y lo peor, el golpe en la gobernación de La Paz, donde el tribunal electoral impuso a Revilla, candidato de Paz, saltándose la segunda vuelta, violando su propia ley, y vulnerando los derechos democráticos de todo el departamento.

En la campaña presidencial, el vicepresidente Lara prometió ser la garantía de que Paz no haría lo que justamente está haciendo. No cumplió. Paz golpeó y prácticamente disolvió la vicepresidencia, quitándole incluso su presupuesto, vulnerando la Constitución.

¡Elecciones libre ya!

Es necesario sacar al actual gobierno corrupto y vendepatria, es un sentir que se va generalizando cada día más. Y surge la discusión de quien gobernaría e incluso el problema electoral. La evidente corrupción y manipulación de las elecciones por parte del mismo poder electoral, además del gobierno de turno, los deja inhabilitados para poder llevar adelante un proceso democrático. Es por esto que es necesario plantear unas elecciones libres, sin los requisitos antidemocráticos que exige la ley electoral, que en los hechos derivan en que la aprobación de una sigla debe tener el aval ya sea del gobierno de turno, el tribunal, o ambos. Se deben plantear elecciones libres, donde todo ciudadano boliviano, cumpliendo los mínimos requisitos, puede ser candidato, sin obstrucciones de ningún tipo. Este planteo democrático elemental, está proscrito por el actual régimen antidemocrático en el país.

Pero además de esto, el descalabro institucional que vive el país y que este gobierno de los empresarios lo viene profundizando, donde ni la vicepresidencia, ni el parlamento, ni el poder judicial y menos el poder electoral, gozan de alguna credibilidad y tampoco legitimidad. La vía de “sucesión constitucional” con la que abortaron procesos insurreccionales anteriores, está cerrada en la actual situación, pues no tiene respaldo social y solo expresarían más variantes de la misma politiquería y corrupción.

¡Conformación de un gobierno transitorio a la cabeza de la COB!

Frente a esta situación, y por la emergencia nacional ocasionada por el desgobierno derechista, es necesaria la conformación de un gobierno transitorio que pueda reorganizar el abastecimiento fundamental del país (combustible), y garantizar las libertades democráticas y el respeto a los derechos laborales y la tierra y territorio para campesinos y pueblos originarios y terminar con los oligarcas del agronegocio.

La COB, que ahora, renace luego de haber sufrido la peor dirigencia de su historia con Huarachi, quien estuvo a punto de destruirla. Aún es necesaria una mayor apertura democrática dentro de la COB y la integración en su seno de muchas y muchos trabajadores precarizados, así como la articulación con otros sectores del pueblo trabajador, campesino e indígena. Pero la COB demostró en la lucha por la abrogación de la ley 1720, que aún es la entidad matriz de los trabajadores del país y que puede centralizar las luchas no solo de sus afiliados, sino de todos los trabajadores, explotados y oprimidos del país, tanto del campo como de la ciudad.

Por esto mismo, para garantizar la estabilidad del país y en este caso, una convocatoria a elecciones democráticas y libres, la COB, como mayor instancia de deliberación popular nacional, es la llamada a poner en pie un gobierno transitorio del pueblo trabajador que salve al país.

Llamamos a la unidad de organizaciones populares, de trabajadores, campesinos e indígenas para esta lucha fundamental para nuestro pueblo.

16 de mayo de 2026

Escribe Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional

Con unas 100 embarcaciones y 1000 participantes será la más grande de la historia

14/4/2026. El pasado domingo 12 de abril partió del puerto de Moll de la Fusta en Barcelona, estado español, una nueva Flotilla Global Sumud, la cual se dirige hacia Gaza para llevar ayuda humanitaria con el objetivo de romper el bloqueo genocida impuesto por Israel contra el pueblo palestino.

De Barcelona partieron 40 embarcaciones con casi 300 activistas provenientes de más de 35 países, entre los que se encuentra una importante delegación de médicos, profesionales de la salud y educadores. En esta oportunidad, un convoy por tierra acompañará a las embarcaciones que desde distintos puntos surcarán el mar Mediterráneo. El mismo recorrerá el norte de África con el objetivo de abrir el paso de Rafah, que aún permanece cerrado por Israel, impidiendo el ingreso de la ayuda humanitaria.

Los barcos que salieron el domingo del puerto de Moll de la Fusta, son apenas una primera avanzada de la Flotilla, la cual pretende ser la misión humanitaria más grande de la historia con rumbo a Gaza. El objetivo es completar un total de 100 embarcaciones y más de 1000 participantes de 70 países.

Está previsto que las embarcaciones que salieron de Barcelona pasen por Italia, Grecia y Turquía, donde se sumarán más embarcaciones, incluyendo una veintena de barcos del colectivo Thousand Madleens, que ya partieron el pasado 4 de abril del puerto de Marsella en Francia.

La Flotilla ya navega en aguas del Mediterráneo en momentos de gran tensión en el medio oriente producto de la agresión yanki-israelí contra Irán, y en medio de un frágil cese al fuego. Por su parte el gobierno ultraderechista y criminal de Netanyahu continúa los bombardeos contra el Líbano, mientras avanza en la ocupación de extensas áreas del sur del país.

El falso acuerdo de paz impuesto por Trump en Gaza ha fracasado e Israel continúa sus agresiones. Desde del alto el fuego firmado en octubre del año pasado Israel ha asesinado a 750 gazatíes. La crisis humanitaria se profundiza debido a las restricciones impuestas por Israel al ingreso de alimentos, medicinas, gas y combustible. Y el ejército sionista mantiene la ocupación de gran parte del territorio de la franja.

El genocidio continúa mientras Israel recrudece la represión sobre el pueblo palestino tanto en Gaza como en los territorios ocupados de Cisjordania. El pasado 30 de marzo, el parlamento de Israel aprobó una ley que permitiría la pena de muerte y el uso de la horca sobre los presos políticos palestinos. Aun cuando los rehenes en poder de la resistencia palestina fueron liberados el año pasado, más de 9.600 presos políticos palestinos continúan en las cárceles de Israel, de ellos más de 3.500 se encuentran en detención administrativa sin cargos formales.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI) participaremos en la Flotilla Global Sumud, como ya lo hicimos el año pasado, esta vez a través de Mónica Schlotthauer, diputada de la provincia de Buenos Aires de Argentina por Izquierda Socialista/FIT Unidad y delegada ferroviaria; Gökmen Duru, dirigente del Partido de la Democracia Obrera de Turquía. Y nuevamente participará el exdiputado provincial por Córdoba Ezequiel Peressini, quien ya fue parte de la misión el año pasado, siendo encarcelado en la prisión de Ketziot luego de que las embarcaciones fueran interceptadas por la marina sionista, y hoy es organizador de la delegación argentina de la Flotilla Global Sumud.

Delegación de la UIT-CI en el Muelle de la Fusta, previo que zarpe la Global Sumud. En la imágen se encuentran dirigentes de Lucha Internacionalista acompañando a los tripulantes de la UIT-CI, Ezequiel Peressini y Mónica Schlotthauer.

La UIT-CI, como parte del movimiento mundial en solidaridad con el pueblo palestino, está participando directamente en las embarcaciones y también a través de todas sus secciones en diferentes países con el objetivo de lograr la más amplia unidad de acción para reimpulsar el apoyo a Gaza y el pueblo palestino. La Flotilla puede ser una chispa que haga posible que se retome la movilización mundial a los niveles que se produjeron el año pasado, profundizando el aislamiento de Israel en todo el mundo.

Llamamos a los pueblos del mundo, a las organizaciones sindicales, populares, al movimiento estudiantil, ambiental, de mujeres y disidencias y a todas aquellas que se reivindiquen democráticas, a dar todo su apoyo a la Flotilla Global Sumud que es expresión de la solidaridad de los pueblos del mundo con Gaza y toda Palestina.

Luchemos contra el genocidio de Netanyahu e Israel y para profundizar la solidaridad internacional por la libertad de las y los presos políticos, para repudiar el plan de nuevas colonias en Cisjordania y conquistar la urgente entrada de ayuda humanitaria y la apertura del paso de Rafah.

¡Por el retiro inmediato de todas las tropas israelíes de Gaza, Cisjordania, Siria y el Líbano! ¡Basta de agresión imperialista y sionista contra Irán! ¡Rechazamos la limpieza étnica en Palestina y los planes de Trump y Netanyahu de convertir a Gaza en un resort para los millonarios del mundo! ¡Basta del apartheid sionista! ¡Por una Palestina única, laica, democrática y no racista! ¡Palestina libre del río al mar!

Las y los trabajadores de FATE continúan llevando adelante una lucha permanente contra el cierre de la empresa, que dejó a más de 920 trabajadores en la calle.

Una delegación de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI) encabezada por Enrique Gómez, del Movimiento al Socialismo de México y Nuno Geraldes, de Trabajadores Unidos (TU) de Portugal se hicieron presente en la toma de FATE para expresar su apoyo a la lucha y se comprometieron a difundir la misma en el plano internacional.

Las y los trabajadores de FATE no están dispuestos a bajar los brazos y continúan luchando en busca de una solución. El Sutna acaba de presentar una propuesta a todos los bloques de la Legislatura bonaerense. Convoca a aprobar un proyecto de ley que asegure la continuidad productiva de la empresa, única fabricante de neumáticos para camiones y colectivos del país, para resguardar el transporte público y de mercaderías.

Foto de portada: La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la aprobación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos

Declaración del Partido Socialismo y Libertad, sección de la UIT-CI en Venezuela

El pasado 22 de enero, la Asamblea Nacional aprobó de forma apresurada una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La misma contó con el voto favorable de un sector de los diputados de la oposición patronal. Se trata de una ley cocinada en la Casa Blanca. No fue casualidad que, un día antes de su aprobación, el gobierno del ultraderechista Donald Trump le diera su visto bueno.

Esta reforma busca abrir el sector petrolero venezolano a las inversiones extranjeras. Ya no será obligatorio operar en asociación con Pdvsa mediante empresas mixtas. Este es el cambio más significativo de la nueva ley. Se elimina el control que el país ejercía a través de Pdvsa sobre las operaciones y la comercialización del crudo. De esta manera, se abre la puerta para que los socios privados, tanto nacionales como transnacionales, participen directamente en la exploración y extracción de petróleo mediante los llamados «Contratos de Participación Productiva» (CPP). Estos contratos les otorgan autonomía operativa y de gestión en el negocio petrolero, sin el control de Pdvsa.

Además, se reducen las regalías que las transnacionales y empresas nacionales deben pagar al Estado venezolano, pasando del 33,3% a un 15%, y en algunos proyectos, a un 20%. Las regalías eran un impuesto que debían pagar las empresas al Estado; su reducción significa mayores ganancias para las petroleras y menos recursos para el país. Por otra parte, la reforma establece que ya no será obligatorio resolver litigios y controversias con las empresas en tribunales nacionales, permitiendo que estos casos sean llevados ante instancias internacionales.

Tras la brutal agresión imperialista del 3 de enero, en la que Estados Unidos masacró a más de 200 personas, el gobierno de falso socialismo chavista —que hoy encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez —, en lugar de reaccionar con dignidad ante la agresión y romper relaciones con Estados Unidos, ha cedido ante los intentos de tutelaje de Trump sobre nuestro país. Nunca convocó a una resistencia real ni a la movilización contra la injerencia estadounidense, ni tomó medidas económicas concretas contra las empresas de ese país.

Con esta reforma leonina y entreguista, aprobada en la Asamblea Nacional, se ha materializado el pacto entre el gobierno venezolano y Trump, sobre el cual ya habíamos advertido. Este acuerdo profundizará la entrega del petróleo a las transnacionales y a los empresarios privados nacionales, consolidando así un nuevo saqueo de nuestros recursos.

Las señales de que se estaba fraguando un pacto eran evidentes. Fue el propio gobierno venezolano el que puso a disposición de Estados Unidos los 30 o 50 millones de barriles de petróleo de los que Trump se jacta controlar. De esos, Estados Unidos ya vendió una parte en el mercado internacional, y en días pasados ingresaron al país 300 millones de dólares, con otros 200 millones por llegar próximamente, de un total de 500 millones que Trump había depositado en Qatar. Todo esto se hizo con el acuerdo del gobierno venezolano. Además, se avanza aceleradamente en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Recientemente, la presidenta encargada se entrevistó con el director de la CIA, y la Casa Blanca ya anunció que Delcy Rodríguez sería invitada a reunirse con Trump.

Sin embargo, esta escandalosa capitulación no nos sorprende. Desde hace más de dos décadas hemos denunciado que el llamado «Socialismo del Siglo XXI» chavista es una gran estafa: una farsa orquestada para mantener a Venezuela dentro del marco capitalista, lo que ha provocado una brutal caída en el nivel de vida de la clase trabajadora y los sectores populares.

Llevamos años denunciando que Chávez primero, y luego Maduro, siempre buscaron acuerdos con las transnacionales y los empresarios privados. Chávez no nacionalizó el petróleo; eso ocurrió realmente en 1975. Lo que se hizo en 2006 con el plan «Plena Soberanía Petrolera» fue reemplazar los contratos de las transnacionales en Venezuela por «empresas mixtas», donde estas pasaron a ser socias de Pdvsa en el negocio petrolero (51% a 49%). En aquel entonces, transnacionales estadounidenses y de otros países firmaron estos acuerdos. Empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips no fueron expulsadas por el gobierno; simplemente rechazaron el esquema y abandonaron el país.

Desde 2018, con la implementación del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, Maduro acordó con Fedecámaras y Conindustria aplicar un brutal ajuste capitalista que destruyó los salarios, eliminó impuestos a las empresas, desreguló las relaciones laborales, convirtiendo a los trabajadores en mano de obra semiesclava y sin derechos sindicales. En más de una ocasión, incluso ofreció en bandeja de plata a las transnacionales estadounidenses y de otros países el petróleo, el gas y las riquezas mineras del país. El 31 de diciembre, en una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, declaró: “Que si quieren petróleo, Venezuela está lista para inversión estadounidense, como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”. 

A lo largo de estos últimos 25 años, nunca hemos dado apoyo al régimen chavista, al mismo tiempo que denunciamos a los partidos de la derecha patronal y proimperialista, manteniendo nuestra independencia política frente a ambos polos. Sostenemos que la única salida estratégica es lograr un gobierno de las y los trabajadores, junto a los sectores populares, para que el petróleo sea 100% estatal —sin empresas mixtas ni transnacionales— y gestionado por sus trabajadores, profesionales y técnicos. Los recursos provenientes del petróleo deben destinarse a un plan obrero y popular de emergencia, que garantice aumentos salariales y de pensiones, así como inversión en salud, educación, vivienda, producción de alimentos y medicamentos, además de la recuperación de nuestra industria petrolera, eléctrica y las empresas básicas de Guayana.

Entre 1999 y 2014, Venezuela recibió más de 960 mil millones de dólares por exportaciones petroleras. Sin embargo, muy poco de esos recursos llegó a los trabajadores y sectores populares. La mayor parte se perdió en negocios turbios, corrupción, compras de armas y enriquecimiento de grandes transnacionales y grupos económicos nacionales.

Aunque esta ha sido la tónica del chavismo durante 26 años, la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos —aprobada en primera discusión por el parlamento venezolano— profundiza el camino de entrega de nuestro petróleo y recursos naturales.

Reconocemos que existe una gran confusión entre el pueblo trabajador, alimentada por el doble discurso y el falso socialismo del chavismo. Ante la grave crisis social, algunos trabajadores petroleros y de otros sectores podrían albergar expectativas equivocadas sobre el ingreso de transnacionales e inversiones, creyendo que mejorarán salarios y condiciones de vida.

Pero la historia demuestra que, en ninguna parte del mundo, las inversiones de grandes empresas han traído bienestar a los pueblos. Al contrario, solo generan más miseria, expoliación de recursos y ningún beneficio para la clase trabajadora. Por eso, rechazamos tanto la injerencia de Estados Unidos y Trump en nuestro país y en el manejo del petróleo, como el reciente pacto consumado con el gobierno venezolano.

En el PSL, estamos convencidos de que solo la lucha del pueblo trabajador puede generar cambios reales en nuestras condiciones de vida. Nada caerá del cielo, y nadie nos regalará nada. Por eso decimos que debemos organizarnos para luchar desde ya por un aumento inmediato de salarios de emergencia, equivalente al valor de la canasta básica.

Acaban de llegar 300 millones de dólares por la venta de petróleo, y está previsto que lleguen otros 200 millones en los próximos días, y seguirán llegando recursos por la venta del petróleo que no se había vendido por el bloqueo impuesto por el imperialismo estadounidense. Exigimos que ese dinero se destine a aumentar los salarios, mejorar la salud, la educación y los servicios públicos. Debemos movilizarnos por un plan de acción que incluya:
– ¡Basta de ajustes contra el pueblo trabajador!
– ¡Basta de bonificación salarial!
– Discusión de contrataciones colectivas.
– Derecho a huelga y libertad sindical.
– Libertad plena para los presos políticos, especialmente para las trabajadoras y trabajadores detenidos por luchar, denunciar la corrupción o por razones políticas, como es el caso de más de 120 petroleros que permanecen detenidos. Exigimos su inmediata liberación y restitución en sus cargos.
– ¡Levantamiento inmediato del decreto de conmoción externa!
– Legalización de los partidos políticos de izquierda y democráticos.

En este marco, desde el PSL seguimos exigiendo: ¡Fuera Trump de Venezuela y de América Latina!

 24 de enero de 2026

Escribe Partido Socialismo y Libertad, sección venezolana de la UIT-CI

El pasado 22 de enero, la Asamblea Nacional aprobó de forma apresurada una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La misma contó con el voto favorable de un sector de los diputados de la oposición patronal. Se trata de una ley cocinada en la Casa Blanca. No fue casualidad que, un día antes de su aprobación, el gobierno del ultraderechista Donald Trump le diera su visto bueno.

Esta reforma busca abrir el sector petrolero venezolano a las inversiones extranjeras. Ya no será obligatorio operar en asociación con Pdvsa mediante empresas mixtas. Este es el cambio más significativo de la nueva ley. Se elimina el control que el país ejercía a través de Pdvsa sobre las operaciones y la comercialización del crudo. De esta manera, se abre la puerta para que los socios privados, tanto nacionales como transnacionales, participen directamente en la exploración y extracción de petróleo mediante los llamados «Contratos de Participación Productiva» (CPP). Estos contratos les otorgan autonomía operativa y de gestión en el negocio petrolero, sin el control de Pdvsa.

Además, se reducen las regalías que las transnacionales y empresas nacionales deben pagar al Estado venezolano, pasando del 33,3% a un 15%, y en algunos proyectos, a un 20%. Las regalías eran un impuesto que debían pagar las empresas al Estado; su reducción significa mayores ganancias para las petroleras y menos recursos para el país.

Por otra parte, la reforma establece que ya no será obligatorio resolver litigios y controversias con las empresas en tribunales nacionales, permitiendo que estos casos sean llevados ante instancias internacionales.

Tras la brutal agresión imperialista del 3 de enero, en la que Estados Unidos masacró a más de 200 personas, el gobierno de falso socialismo chavista —que hoy encabeza la presidenta encargada Delcy Rodríguez —, en lugar de reaccionar con dignidad ante la agresión y romper relaciones con Estados Unidos, ha cedido ante los intentos de tutelaje de Trump sobre nuestro país. Nunca convocó a una resistencia real ni a la movilización contra la injerencia estadounidense, ni tomó medidas económicas concretas contra las empresas de ese país.

Con esta reforma leonina y entreguista, aprobada en la Asamblea Nacional, se ha materializado el pacto entre el gobierno venezolano y Trump, sobre el cual ya habíamos advertido (Ver nuestra declaración del 11 de enero). Este acuerdo profundizará la entrega del petróleo a las transnacionales y a los empresarios privados nacionales, consolidando así un nuevo saqueo de nuestros recursos.

Las señales de que se estaba fraguando un pacto eran evidentes. Fue el propio gobierno venezolano el que puso a disposición de Estados Unidos los 30 o 50 millones de barriles de petróleo de los que Trump se jacta controlar. De esos, Estados Unidos ya vendió una parte en el mercado internacional, y en días pasados ingresaron al país 300 millones de dólares, con otros 200 millones por llegar próximamente, de un total de 500 millones que Trump había depositado en Qatar. Todo esto se hizo con el acuerdo del gobierno venezolano. Además, se avanza aceleradamente en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Recientemente, la presidenta encargada se entrevistó con el director de la CIA, y la Casa Blanca ya anunció que Delcy Rodríguez sería invitada a reunirse con Trump.

Sin embargo, esta escandalosa capitulación no nos sorprende. Desde hace más de dos décadas hemos denunciado que el llamado «Socialismo del Siglo XXI» chavista es una gran estafa: una farsa orquestada para mantener a Venezuela dentro del marco capitalista, lo que ha provocado una brutal caída en el nivel de vida de la clase trabajadora y los sectores populares.

Llevamos años denunciando que Chávez primero, y luego Maduro, siempre buscaron acuerdos con las transnacionales y los empresarios privados. Chávez no nacionalizó el petróleo; eso ocurrió realmente en 1975. Lo que se hizo en 2006 con el plan «Plena Soberanía Petrolera» fue reemplazar los contratos de las transnacionales en Venezuela por «empresas mixtas», donde estas pasaron a ser socias de Pdvsa en el negocio petrolero (51% a 49%). En aquel entonces, transnacionales estadounidenses y de otros países firmaron estos acuerdos. Empresas como Exxon Mobil y ConocoPhillips no fueron expulsadas por el gobierno; simplemente rechazaron el esquema y abandonaron el país.

Desde 2018, con la implementación del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, Maduro acordó con Fedecámaras y Conindustria aplicar un brutal ajuste capitalista que destruyó los salarios, eliminó impuestos a las empresas, desreguló las relaciones laborales, convirtiendo a los trabajadores en mano de obra semiesclava y sin derechos sindicales. En más de una ocasión, incluso ofreció en bandeja de plata a las transnacionales estadounidenses y de otros países el petróleo, el gas y las riquezas mineras del país. El 31 de diciembre, en una entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, declaró: “Que si quieren petróleo, Venezuela está lista para inversión estadounidense, como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”

A lo largo de estos últimos 25 años, nunca hemos dado apoyo al régimen chavista, al mismo tiempo que denunciábamos a los partidos de la derecha patronal y proimperialista, manteniendo nuestra independencia política frente a ambos polos. Sostenemos que la única salida estratégica es lograr un gobierno de las y los trabajadores, junto a los sectores populares, para que el petróleo sea 100% estatal —sin empresas mixtas ni transnacionales— y gestionado por sus trabajadores, profesionales y técnicos. Los recursos provenientes del petróleo deben destinarse a un plan obrero y popular de emergencia, que garantice aumentos salariales y de pensiones, así como inversión en salud, educación, vivienda, producción de alimentos y medicamentos, además de la recuperación de nuestra industria petrolera, eléctrica y las empresas básicas de Guayana.

Entre 1999 y 2014, Venezuela recibió más de 960 mil millones de dólares por exportaciones petroleras. Sin embargo, muy poco de esos recursos llegó a los trabajadores y sectores populares. La mayor parte se perdió en negocios turbios, corrupción, compras de armas y enriquecimiento de grandes transnacionales y grupos económicos nacionales.

Aunque esta ha sido la tónica del chavismo durante 26 años, la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos —aprobada en primera discusión por el parlamento venezolano— profundiza el camino de entrega de nuestro petróleo y recursos naturales.

Reconocemos que existe una gran confusión entre el pueblo trabajador, alimentada por el doble discurso y el falso socialismo del chavismo. Ante la grave crisis social, algunos trabajadores petroleros y de otros sectores podrían albergar expectativas equivocadas sobre el ingreso de transnacionales e inversiones, creyendo que mejorarán salarios y condiciones de vida.

Pero la historia demuestra que, en ninguna parte del mundo, las inversiones de grandes empresas han traído bienestar a los pueblos. Al contrario, solo generan más miseria, expoliación de recursos y ningún beneficio para la clase trabajadora. Por eso, rechazamos tanto la injerencia de Estados Unidos y Trump en nuestro país y en el manejo del petróleo, como el reciente pacto consumado con el gobierno venezolano.

En el PSL, estamos convencidos de que solo la lucha del pueblo trabajador puede generar cambios reales en nuestras condiciones de vida. Nada caerá del cielo, y nadie nos regalará nada. Por eso decimos que debemos organizarnos para luchar desde ya por un aumento inmediato de salarios de emergencia, equivalente al valor de la canasta básica.

Acaban de llegar 300 millones de dólares por la venta de petróleo, y está previsto que lleguen otros 200 millones en los próximos días, y seguirán llegando recursos por la venta del petróleo que no se había vendido por el bloque impuesto por el imperialismo estadounidense. Exigimos que ese dinero se destine a aumentar los salarios, mejorar la salud, la educación y los servicios públicos. Debemos movilizarnos por un plan de acción que incluya:

– ¡Basta de ajustes contra el pueblo trabajador!

– ¡Basta de bonificación salarial!

– Discusión de contrataciones colectivas.

– Derecho a huelga y libertad sindical.

– Libertad plena para los presos políticos, especialmente para las trabajadoras y trabajadores detenidos por luchar, denunciar la corrupción o por razones políticas, como es el caso de más de 120 petroleros que permanecen detenidos. Exigimos su inmediata liberación y restitución en sus cargos.

– ¡Levantamiento inmediato del decreto de conmoción externa!

– Legalización de los partidos políticos de izquierda y democráticos.

En este marco, desde el PSL seguimos exigiendo: ¡Fuera Trump de Venezuela y de América Latina!

24 de enero de 2026